Recientemente, la congresista Verónika Mendoza ha sido designada como candidata presidencial por el Partido Frente Amplio (FA), un partido político que tendría en una “Plataforma Programática” sus principales herramientas de acción para las próximas elecciones de 2016. Las ideas que se desprenden de dicha plataforma con respecto a la participación del Estado en la economía del país son impactantes, pues propiciarían el rol de un Estado intervencionista. Así, en esta primera oportunidad, discutiremos las propuestas relacionadas con dicha intervención, y en las próximas ediciones desarrollaremos otros puntos de la plataforma que atentarían seriamente contra el desempeño de nuestra economía y el bienestar de la población.
¿Ordenamiento? Esto más parecería disposición de…
A lo largo del documento se menciona constantemente el concepto de ordenamiento territorial (OT), el cual supondría un reordenamiento de la producción en todo el territorio peruano, basado en criterios establecidos por el Estado, de tal manera que este quede zonificado según los distintos rubros de actividades económicas. Así, se lograría la “real diversificación” y aumentaría la productividad, pues la conglomeración de empresas de un mismo sector en una sola área aumentaría el know how y generaría un spillover (derrame de conocimiento). No obstante, esto sería como crear un clúster para cada rubro económico, pero negando la posibilidad de que otro tipo de negocio ingrese al mismo. Como resultado, se impediría la generación de hubs, mercados en donde se integran proveedores y productores de bienes finales para lograr mayor eficiencia en los procesos, lo que perjudicaría especialmente al micro, pequeño y mediano empresario de la zona; además de rememorar esquemas de economía central planificada, que ya han demostrado no funcionar en el país.
Al respecto, consideramos que el Estado no debe determinar zonas para la producción específica de procesos, pues este no tiene la capacidad para evaluar los negocios con la misma eficiencia que una empresa privada lo hace. Y es que mientras que el objetivo primordial del Estado debería ser maximizar la efectividad de la prestación de los servicios públicos, el de las firmas sí recae en maximizar la rentabilidad de sus empresas, por lo que estas últimas pueden ver oportunidades de negocio donde la entidad pública no las ve. Así, ante el caso de un hipotético OT, sumado a las rigurosas restricciones que se le aplicarían, se pondría en juego la productividad de la economía de todo el país. ¿A esto se le llama diversificación productiva eficiente?
Otra vez… el Estado empresario
En el documento, además, no solo se atribuye al Estado el papel de diversificador de sectores, sino que también se apela a un Estado que intervenga activamente en los procesos de producción. Como ya hemos visto en casos pasados de la historia peruana (ver semanarios N.° 700 y 702), existen suficientes y clarísimas evidencias de los estragos que causa un “Estado empresario”. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 1969, a inicios de la dictadura nacionalista de Velasco, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas ascendían a solo US$ 46 millones. Una década después, con el aumento de las empresas estatales que brindaban servicios de pésima calidad y con cobertura muy limitada, dichas pérdidas aumentaron a US$ 2,481 millones. Es decir, las pérdidas de las empresas estatales peruanas se multiplicaron por 54 en tan solo diez años.
Sin embargo, en lugar de fomentar la participación del sector privado, como hasta hoy se viene haciendo y con grandes resultados, el FA parece no haber aprendido la lección y continúa teniendo una visión retrógrada al respecto, pues en su plataforma propone la participación del Estado en actividades vinculadas a los servicios básicos y a la energía, mediante empresas públicas o como accionista en empresas público-privadas. Peor aún, no solo plantea la permanencia de estas entidades, que ya han demostrado ser poco o nada eficientes, sino que también apela a la intervención del sector público en los sectores “estratégicos” de la economía, refiriéndose a estos últimos como los vinculados a los rubros de minería e hidrocarburos.
Contrariamente a lo anterior, la vigente Constitución Política del Perú acertadamente establece en el artículo 60: “(…) Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. No obstante, el FA propone modificar la Constitución, específicamente para los sectores de minería e hidrocarburos. Así, los contratos de concesión, en virtud de los cuales es el concesionario quien decide sobre la exploración, extracción y comercialización del recurso natural, se sustituirían por contratos de servicios, en los que sea el Estado, desde una “perspectiva de planificación”, en diálogo con la sociedad civil, los Gobiernos regionales, locales y comunidades, quien defina cuál es la mejor manera de utilizar dicho recurso. En otras palabras, el Estado tomaría la concesión para administrar completamente el negocio, tercerizando el servicio de extracción de los recursos. ¿No huele esto a estatización?
La plataforma programática plantea una situación en la que el Estado se adjudicaría funciones que históricamente el sector privado ha venido realizando de manera más competente. En su lugar, el Estado debería subdelegar los diversos sectores económicos para que el sector privado, enfocado en optimizar su rendimiento, alcance la máxima productividad posible. Así, la tarea de este recaería en fomentar dicha eficiencia productiva propiciando un ambiente ideal para la inversión, en donde la seguridad, la educación y salud –entre otros temas– jueguen un papel más importante.
Consulta: dícese del freno al desarrollo
En lo que respecta al tema del diálogo en la etapa de preinversión, la coalición de izquierda arguye que no solo se debería dar un proceso de consulta previa, sino que este debería extenderse hasta la unidad vecinal, es decir, que se dé un proceso de consulta vinculante directo. A manera de ejemplo, ponemos el caso en el que se desee construir un colegio. Se tendría, entonces, que convocar a la junta vecinal para que se apruebe la obra en zonas colindantes a su hogar. Así, no solo se estaría desconociendo el papel que cumplen las autoridades en la toma de decisiones de política pública en cada una de sus jurisdicciones, sino que también se dejaría una decisión que brinda un beneficio social extraordinario para el país en manos de una junta vecinal, que muy probablemente no quiera un centro educativo en sus alrededores. Ya bien decía Henry Ford: “si yo le hubiera preguntado a la gente ¿qué quería?, me hubiera dicho que caballos más rápidos”.
Y es que el OT, sumado al rol intervencionista del Estado en sectores críticos para el desarrollo económico, más las rigidices en la aprobación de los estudios de impacto ambiental por parte de los tres niveles de gobierno e, incluso, la implementación de consultas vecinales y comunales, solo aumentarían las trabas burocráticas notablemente y ralentizarían radicalmente las inversiones. El sector extractivo sería “desconcesionado” de la noche a la mañana bajo el sustento de que es el Estado quien debe supervisar los destinos de extracción y comercialización de la materia prima, lo que generaría el pánico masivo y la fuga de capitales.
Cabe mencionar que nos encontramos en un contexto mundial en donde la menor demanda de bienes ha jugado un papel desfavorable para la economía y ha propiciado la desaceleración en el crecimiento de muchos países. Así, pues, sería una situación análoga a la de ir a una guerra sin armas, en la que no tendríamos cómo luchar, pues no solo han disminuido las inversiones por condiciones exógenas a la economía peruana, sino que, además, el ambiente interno solo parece estar expulsándola.
Finalmente, tengamos en cuenta que la congresista Mendoza, exmiembro de la bancada nacionalista, Gana Perú, renunció a la misma debido a la falta del cumplimiento de las propuestas expuestas en el plan de gobierno del Partido Nacionalista en la campaña 2005-2006. Por ello, no nos confiemos ni dejemos libre el camino a las ideas retrógradas del FA, en tanto consideran que un modelo de antaño mejorará la situación del país y generará un ambiente propicio para inversiones “sostenibles”. ¿Realmente creen que, al delimitar espacios, acotar posibilidades de proyectos y, peor aún, ralentizar los procesos, seremos más productivos?
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COMEXPERU 