Sobre transgénicos y umbrales

La discusión en el Perú sobre los denominados “transgénicos” (organismos genéticamente modificados, OVM u OGM), que no tomó en cuenta la opinión de especialistas y científicos, nos ha llevado como país a tomar decisiones, en mi opinión, apresuradas y equivocadas, quizá para obtener réditos políticos, al apelar al sentimentalismo antes que a la razón y a objetivos de desarrollo. Existen dos aspectos que hoy es urgente considerar: la moratoria de 10 años para la siembra de semillas de OGM (que pueden dar más rentabilidad al agricultor en varios cultivos) y la obligatoriedad de etiquetar los productos con componentes OGM.

Con la moratoria a los OGM, que el Congreso adoptó para preservar la biodiversidad, se optó por lo más fácil, la prohibición, cuando lo que debía tenerse es un régimen de bioseguridad, como en casi todos los países de nuestra región. Esta prohibición les impide hoy a los productores maiceros y algodoneros peruanos, entre otros, mejorar su competitividad en términos globales; y los condena a competir con productores internacionales más eficientes y competitivos que vienen usando por años semillas transgénicas de alto rendimiento sin afectar a especies nativas, incluido el biodiverso Bolivia.

Ya se está sintiendo el efecto negativo del reglamento de esta moratoria, que será aún mayor en los próximos meses, cuando los proveedores internacionales de semillas dejen de venderlas a los agricultores del Perú por la amenaza que existe de que sean multados hasta por más de S/. 30 millones, si en alguno de sus despachos se “coló” una sola semilla transgénica. No están corriendo el riesgo y están dejando de proveer semillas a los agricultores peruanos. Los proveedores no pueden garantizar que en los camiones, silos, containers y otros recipientes no quede ningún porcentaje de semillas transgénicas de despachos anteriores, y que utilizan los mismos canales logísticos.

De otro lado, al no ser la presencia de OGM relevante para la salud del consumidor, de acuerdo con nuestras propias entidades y los organismos multilaterales de salud, la obligatoriedad de etiquetar productos con componentes transgénicos parece tener como única intención denigrar el componente OGM y generar así una alerta no sustentada por motivos de salud, en el consumidor. No es razonable que en la regla de etiquetado (incluida en el Código de Protección al Consumidor, contra la opinión técnica de varias entidades consultadas) no exista un umbral a partir del cual deba etiquetarse la presencia de OVM. Es materialmente imposible asegurar que un producto tenga un 0% de contenido transgénico. Estos exámenes encarecerán los productos e implicarán un inmenso presupuesto público. El Estado no tiene hoy ninguna capacidad técnica para realizar dicha evaluación. ¿Se ha calculado a cuánto ascenderá el costo de normas como estas para la producción nacional, el tesoro público y el consumidor final?