En la edición N° 671 del Semanario COMEXPERU, se mostró tanto la estructura organizacional como el funcionamiento de las MYPE. No obstante, es necesario analizar uno de los problemas más importantes que estas enfrentan, que les resta competitividad y que a la larga les “pasa la factura” ante situaciones de crisis externas: la informalidad.
Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), existen más de 6.19 millones de micro y pequeñas empresas (MYPE) operando en el Perú, de las cuales el 88% no están registradas en SUNARP. Dado que las MYPE son la fuente de trabajo de más del 70% de la población empleada (la gran mayoría con altos niveles de pobreza), la importancia que estas tienen en la economía nacional es indiscutible. Sin embargo, una de las tareas pendientes en nuestro país sigue siendo combatir la informalidad que las afecta.
Para entender el concepto de informalidad, es útil considerar lo expuesto por el Banco Mundial en su reciente publicación, “Perú en el umbral de una nueva era”, donde además de presentarse el problema de manera subdividida se plantean diversas alternativas de políticas para solucionarlo.
De acuerdo con el Banco Mundial, la informalidad empresarial en el Perú se basa en el rechazo o carencia de tres elementos básicos: la licencia de funcionamiento y permisos, el pago de impuestos y el registro de trabajadores en planilla. Es por ello que el rol de las entidades como la SUNAT, los municipios, Defensa Civil o el Ministerio del Trabajo es de vital importancia para afrontar tales problemáticas.
Con lo anterior en mente, es necesario mencionar la causa fundamental del incumplimiento de las normas por parte de los empresarios: un análisis costo-beneficio de ser formal. Lamentablemente, los beneficios de la formalidad en el Perú son mucho menores que los costos que esta acarrea. Por ejemplo, mientras que la licencia de funcionamiento no trae beneficios para una MYPE, el costo de la misma, no solo relacionado con temas monetarios, sino también con tiempo invertido en el trámite, es percibido como demasiado alto. No obstante, a medida que las empresas van desarrollándose, consideran conveniente obtener las debidas licencias (evitando multas) y pagar los respectivos tributos, dada la mayor presión fiscalizadora y la oportunidad de acceso a créditos.
Esto demuestra que, mientras más crece la MYPE, mayor será su inclinación hacia la formalidad. Sin embargo, existen empresas, inclusive de mediano tamaño y con una cultura tributaria sólida, que optan por no registrar parte de su fuerza laboral en planillas. Esta decisión responde al gran impacto que tienen los costos laborales no salariales, como el pago de CTS, seguro de salud o vacaciones, en la estructura de costos de un empresario MYPE.
Son tres las principales consecuencias de tener un sistema empresarial altamente informal. Primero, impide alcanzar mejoras en la productividad de los factores, lo que influye a largo plazo en las perspectivas de crecimiento económico. Segundo, implica que la gran mayoría de peruanos no tengan acceso a un mínimo de protección social, sobre todo a pensiones, lo que los obligaría a continuar trabajando más allá de la edad de jubilación. Tercero, la reducción tributaria: altos niveles de informalidad conllevan a una baja recaudación fiscal, lo que se traduce en menos obras y peores servicios públicos para los propios contribuyentes.
Dicho esto, la solución parece sencilla: inclinar el análisis costo-beneficio de los empresarios hacia el cumplimiento de las normas. Por un lado, se necesita modificar el régimen laboral, para flexibilizar aspectos como el costo del despido o reducir costos no salariales, eliminando desincentivos a la formalización laboral. Está comprobado que una reforma del sistema laboral que tenga estas flexibilidades es más efectiva que la aplicación de regímenes especiales, dado el poco nivel de información que manejan los microempresarios. De igual manera, reducir los altos costos del cumplimiento con el área tributaria ayudaría a bajar los costos de las MYPE y, por ende, facilitaría su crecimiento y aumentaría la formalidad. Continuar con la simplificación de trámites a nivel municipal es una opción urgente y viable. Por último, fomentar programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas es una herramienta útil para incentivar la formalidad.
Como conclusión, es importante rescatar que una política que busque fomentar la formalidad no difiere sustancialmente de la política para impulsar la productividad y el crecimiento empresarial. El desarrollo de empresas formales genera empleo digno y mejora la calidad de vida de las personas. Por ahora, el combate contra la informalidad sigue en la agenda pendiente del Gobierno.
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