Los acontecimientos en torno a la fuga de internos del centro de rehabilitación de menores conocido como “Maranguita”, son tan solo la punta del iceberg de la ineficiencia en la administración pública del sistema penitenciario. Las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos, el hacinamiento y la sobrepoblación impiden una adecuada clasificación y tratamiento penitenciario, y por el contrario proveen las condiciones perfectas para que se desarrollen redes de corrupción y se planeen o dirijan delitos desde dentro de los establecimientos penitenciarios (EP), lo cual dificulta, sino imposibilita, cualquier proceso de resocialización o readaptación del interno.
La población penitenciaria intramuros, según el informe estadístico de julio del 2012, elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), muestra un aumento entre ese y el mismo mes de 2011, del 20.1% (9,823 internos). Si este crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema de hacinamiento, pues lo ideal sería construir dos establecimientos penitenciarios por año con una capacidad para 3,500 internos, similares al EP Lurigancho, tal como lo indica el INPE. Es evidente que el sistema penitenciario actual no solo es un germen de corrupción e inseguridad, sino que, al presentar incentivos para la reincidencia, también genera la necesidad de invertir en más infraestructura de alto costo.
La solución: un cambio de paradigma
En febrero de 2011, se inició en el Perú el proceso de incorporar al sector privado en la administración de los EP, mediante la concesión de un establecimiento penal otorgada por ProInversión. Sin embargo, dicha iniciativa se canceló porque, según el Ministerio de Justicia, no se presentaban las garantías necesarias para la resocialización de los internos y la implementación de este tipo de establecimientos sería un “privilegio” para aquellos que participaran del programa piloto. Curiosa visión que frustró el inicio de una reforma urgente a todas luces.
En países como Francia, Reino Unido, EE.UU. y Chile, el trabajo como elemento de reformación del interno y de autosostenibilidad de las cárceles otorgadas en concesión ha sido la directriz de la inversión privada en el sistema penitenciario. En este marco, existen varios esquemas que, adaptados a la realidad de cada nación, varían en cuanto a la participación privada en el financiamiento y administración de cárceles. Pero siempre, se tenga una concesión total, como sucede en algunos establecimientos en EE.UU. e Inglaterra, o una gestión mixta entre el Estado y el concesionario, como en Chile y Francia, es lógicamente el Estado el responsable de supervisar y fiscalizar la gestión de las cárceles.
Los resultados
Chile implementó el programa de centros de educación y trabajo semiabiertos de gestión mixta, en los que se ofrece formación laboral a los internos, y cuya administración y custodia está en manos de la Gendarmería (el símil de la Policía Nacional en Chile). Estos centros son financiados por la empresa privada y los retornos obtenidos por la labor que realizan los internos, luego de haber sido capacitados. Dichos ingresos cubren los costos que genera el interno al EP (10%), el pago de la reparación civil proveniente del delito (15%) y, finalmente, le brindan al interno un fondo individual propio (15%).
En cuanto a resultados de resocialización –específicamente, la reducción de la tasa de reincidencia legal–, puede señalarse que en los egresados del programa entre el período enero 2004 y febrero 2005, este objetivo se alcanzó en un 100%, dado que la reincidencia legal fue del 0%. Si se considera otro concepto de reincidencia, el programa no alcanza cifras elevadas. Contrastemos esto con la alta reincidencia que se enfrenta en el Perú, con la actual administración de las cárceles.
Asimismo, según un estudio de la escuela de justicia criminal Jhon Jay, las posibilidades de empleo para los reclusos en un EP concesionado en particular, al suroeste de Francia, son bastante impresionantes. Este centro de detención está destinado a albergar individuos que cumplen condenas largas, pero no son considerados peligrosos y que se estima tienen un gran potencial para la reinserción social. De los cerca de 600 reclusos en el centro, casi 400 están empleados. Los ingresos son relativamente altos: los presos pueden ganar hasta € 1,000 al mes (unos US$ 1,340). ¿No podría el Perú, a través del desarrollarlo de infraestructura, distribuir a los internos en función a criterios similares y crear establecimientos penitenciarios prácticamente autosostenidos? ¿Cuánto aporta el sistema de trabajo penitenciario (que en el Perú permite incluso reducir la duración de las penas impuestas) al sostenimiento de las cárceles peruanas?
El lector puede caer en cuenta de que las cifras demuestran el gran potencial de las concesiones para generar los recursos suficientes y asegurar el pago de la reparación civil impuesta al sentenciado convicto, así como para reintegrarlo a la sociedad. Es previsible la presencia de impases de carácter jurídico o cultural en la implementación de este modelo, y por ello es necesario revisar las condiciones en las que se otorgaría dichas concesiones y el compromiso político de asegurar que el INPE logre sus objetivos y garantice efectivamente la seguridad ciudadana a través de la resocialización efectiva del interno, al menor costo social posible para el resto de ciudadanos, que sufren los efectos del delito que este comete.
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