Lamentamos los recientes actos vandálicos que se han producido en el distrito cajamarquino deLa Encañada, los cuales han impedido el avance en el proyecto Conga y el cese de operaciones de la minera Yanacocha, así como han provocado la destrucción de maquinaria perteneciente a contratistas, valorada en cerca de S/. 2 millones. Estos actos inaceptables generan cuantiosas pérdidas no solo para Yanacocha, sino para la población y los Gobiernos central y regional. Con la paralización de las operaciones, la empresa deja de percibir diariamente cerca de US$ 2 millones, lo que disminuye los ingresos del Estado (tanto el Gobierno central como la misma región y distritos aledaños) en cerca de S/. 2 millones en impuesto a la renta y S/. 1 millón por concepto de canon. Estos ingresos para el Estado cubrirían, en cerca de dos meses, el nuevo programa Beca 18; en casi cuatro meses, el programa Pensión 65; y en cerca de un año, el presupuesto del programa Juntos, lo cual demuestra cuán importante es el aporte del sector minero al presupuesto dela República.

Ante esta situación, es indispensable que el Gobierno brinde completa seguridad para las empresas y no ceda ante las presiones injustificadas de grupos revoltosos que fuerzan la instalación de mesas de diálogo. En este caso, hablamos de defender a una minera formal, que tributa, brinda empleo y cumple los lineamientos medioambientales. Este tipo de acciones, además de la pérdida de ingresos por parte del Estado y la empresa, también genera pérdidas en horas hombre, es una mala señal para los inversionistas y podría poner en riesgo la cartera de inversiones para la región. Sin embargo, en este caso, el Gobierno central parece “invisible”. Aparentemente, el principal responsable de estos actos es el alcalde deLa Encañaday son los Gobiernos local y regional quienes tienen alguna intención de remediar esto mediante las mesas de diálogo, lo cual no es necesariamente lo más provechoso. La investigación de estos atentados tiene que llevarse a cabo pronto y se debe apresar a los responsables.

Tambogrande, una historia que no se debe repetir
Los recientes actos en el distrito deLa Encañadanos recuerdan el caso de Tambogrande, en Piura, y la intención de la minera Manhattan de invertir en esta zona. En aquella oportunidad, el Gobierno cedió ante la presión de agitadores políticos, así como de personas que aparentemente tenían “buenas intenciones” y que no deseaban el establecimiento de la inversión privada. El sustento de estos grupos era la pérdida de los “maravillosos” limones y mangos que se sembraban en la zona, cuyo potencial podría haberse visto disminuido ante el establecimiento de la minera, y se dijo que la finalidad era generar un “desarrollo agrario sostenible” para la población.

Para resolver el problema se realizó un referéndum, financiado por Oxfam, en el cual ganó por amplia mayoría el rechazo hacia la minera. Es importante recordar que todas aquellas personas que se expresaban favorablemente hacia la minería eran sometidas a “justicia rondera”, lo cual pudo desincentivar que aquellas personas a favor de esta actividad se pudiesen expresar libremente. Una vez conocidos los resultados, se quemó el campamento, por lo cual la minera cesó todas sus intenciones de invertir. Sin embargo, como ha sucedido en Puno y Bagua, entre otros casos, no ha sido detenido ningún responsable por estos sucesos cuasiterroristas. De ese modo, hacia fines del 2003, pareció que, bajo los puntos planteados, la no construcción de esta minera era una acción viable, más no óptima, para el distrito.

No obstante, cerca de ocho años después, se ha demostrado que espantar a la minería formal ha estado muy lejos de ser la solución. Actualmente, la minería informal se está expandiendo debido a la riqueza en estas zonas y es un gran problema para la región (desde Tambogrande hasta la frontera con Ecuador), ya que no brinda recursos a la población, además de contaminar las tierras y el agua de la zona por el uso indiscriminado de mercurio. Es decir, no hay ni minería formal y tal vez ni siquiera haya agricultura en poco tiempo. Esto hubiese sido diferente con la minería formal, por el simple hecho que esta sí esta sujeta a las regulaciones del Estado. Además, ninguna de las organizaciones que acosaron a la minería (¿dónde estás ahora, OXFAM?) y propusieron este desarrollo agrario está haciendo algo para controlar la minería informal. Inclusive, esta actividad genera tanto malestar que los pobladores que inicialmente se opusieron a la minería legal, actualmente claman por ella, pero el Estado y el orden, otra vez, son invisibles.

Sin duda alguna, el caso de Tambogrande debe servir para que situaciones parecidas no se repitan. Aunque se prometió un desarrollo agrícola sostenible, solo se ha obtenido contaminación, minería informal (la cual es muy difícil de controlar), pérdidas respecto a los potenciales ingresos de la minería formal (¡y con estos precios del oro!) y, finalmente, los campesinos han perdido sus tierras porque no han podido pagar los préstamos que obtuvieron para el falso desarrollo agrario. Por ello, el Estado debe aplicar políticas que busquen el mayor beneficio para la población en un largo plazo, y estas organizaciones ser consecuentes en sus actos, ya que parece que solo buscan oponerse a la inversión privada o engrosar la lista de sus benefactores extranjeros.


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