Lo que presumíamos que era una artimaña proteccionista y mercantilista, utilizando a una institución que debería ser principalmente técnica como el SENASA (ver sección Hechos), parece ser que forma parte de una estrategia mayor y que llevaría a retroceder más de 20 años de reforma comercial y apertura al mundo.

El grupo parlamentario Gana Perú, por iniciativa del congresista Daniel Abugattás, ha presentado el proyecto de ley Nº 341/2011-CR “Ley de lucha contra la subvaluación de importaciones”. Esta propuesta es muy similar al proyecto de ley Nº 3977/2009-CR, presentado por el mismo congresista en el período 2009-2010. No es la primera vez que nos topamos con “muertos vivientes”, es decir, proyectos de ley que no calaron en Gobiernos pasados y que resurgen en este.

Este proyecto de ley, lejos de luchar contra la subvaluación, generaría desconcierto en el sistema de valoración aduanero y, con ello, una serie de retrocesos a la reforma aduanera actual.

El muerto viviente
Lo que el proyecto pretende establecer es una norma de valoración distinta (llamada de “último recurso”) al valor de transacción (que se basa principalmente en la factura comercial que presenta el importador) para un grupo de “mercancías sensibles”. Esto no es consistente con los compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo sobre Valoración dela OMC. Dichoacuerdo no permite hacer excepciones automáticas al valor de transacción y más bien establece una serie de procedimientos a seguir cuando no se puede utilizar el ‘valor de transacción’.

Violando estos principios, el proyecto pretende que se utilice un mecanismo de valoración llamado de “último recurso” (más engorroso y complicado) para mercancías sensibles al fraude aduanero. Con ello, el mecanismo se aplicaría, no a operaciones de importación específicas en las que la documentación presentada por el importador genere dudas, como es la práctica internacional, sino a un grupo de mercancías previamente definidas como “sensibles” (¿según entender de los intereses de alguna empresa o sector?).

Tanto es así que, en lugar de aplicarse este ‘último recurso’ a operaciones específicas que despierten dudas, el proyecto pretende que se aplique a una lista de productos y a un tipo de importadores (principalmente PYME). Así,  por el solo hecho de importar algún producto de esa lista, ya la SUNAT estaría obligada a revisar toda la carga con sus respectivos documentos, prejuzgando a quienes la importan, al punto de tratarlos casi como defraudadores.

Cabe mencionar también que el listado de productos (que en el anterior proyecto fue elaborado por el Comité de Confecciones dela SNI) consta de un total de 592 partidas, de las cuales casi el 80% son insumos o materia primas para las confecciones, de tal manera que las PYME confeccionistas que utilizan insumos del exterior serían las principales perjudicadas con este proyecto. ¿Tienen el MINCETUR y PRODUCE algo que decir?

Asumimos que sí, especialmente porque la barrera y sobrecosto que se quiere imponer se haría a los importadores que, por ejemplo, registren menos de tres declaraciones de importación en los últimos doce meses, entre otros. Con ello los principales afectados serán las PYME que necesiten importar insumos. ¿Ya nos olvidamos de aquello de inclusión?

Finalmente el proyecto pone en peligro la actual reforma aduanera, puesto que en las Disposiciones Complementarias y Finales se solicita ¡¡¡documentos originales físicos!!! para ingresar a la frontera o descargar y movilizar las mercancías. Ello implica retroceder por lo menos ¡¡¡20 años!!! en materia de modernidad aduanera. Es bien sabido que hoy en día todos los documentos son enviados electrónicamente y ya nadie utiliza el papel.

Por otro lado, no hay que ser un erudito en normativa internacional para entender que prejuzgar que un importador está infringiendo la ley basándose en una lista de características y productos, generaría un riesgo latente a ser demandados antela OMC.Valerecalcar que un proyecto con este esquema de operación atenta contra los objetivos del Doing Business (que tanto esfuerzo le vienen representando al sector empresarial) al generar sobrecostos al comercio exterior en materia de tiempo, logística y cumplimiento de contratos.

Nuestra preocupación no va por el loable objetivo de luchar contra la subvaluación, que apoyamos y acompañamos decididamente, sino por el instrumento que se va a utilizar para ello.

En las últimas semanas, hemos escuchado decir al presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, la frase “no blindaremos a nadie”. Pues, con esa misma tenacidad debería darse cuenta de que esta iniciativa legislativa perjudica a todos los consumidores, que somos los 30 millones de peruanos, ¿para favorecer a quién? ¿Dónde quedó eso de no blindar a nadie? ¿A quiénes estaría ‘blindando’ con esta propuesta?


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